El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, declaró inconstitucional e inaplicable para la Policía Metropolitana el protocolo de uso de armas que impulsa el Gobierno nacional y que ya rige por decreto para las fuerzas federales.

Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por la legisladora Miriam Bergman, la abogada María del Carmen Verdú y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

La medida del juez impide que el protocolo expresado en la resolución 956/2018 se aplique en Buenos Aires y frenó así las intenciones del Horacio Rodríguez Larreta.

Según los denunciantes, la resolución viola tanto la Constitución Nacional como distintos Tratados Internacionales. Además, sostiene que afecta el “derecho a la vida y a la integridad de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional”.

“Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas”, expresaron.