El peronismo ganó las elecciones presidenciales de 2019 con la promesa de “volver a sembrar” tras cuatro años de “tierra arrasada” por una política económica (o la falta de ella) que condenó al cierre a un sector importante del tejido industrial y afectó de manera directa a millones de argentinos. Tras poco más de seis meses de gestión: ¿Cuanto se hizo para salir de la crisis y cómo cambió todo tras la irrupción del Coronavirus? Aquí se podrán encontrar algunas respuestas en base a un análisis de estudio a partir de lo hecho desde los ministerios de Economía, Educación, Desarrollo Social y Salud.

Por Pedro Sánchez Trapes y Leonel Sánchez Alpino. 

En diciembre pasado, la situación general del país cuyo gobierno heredó Alberto Fernández se aproximaba al abismo. La administración de Mauricio Macri dejó números rojos en cada índice en el cual se la examine, hubo sólo dos cifras que crecieron durante los cuatro años de Juntos por el Cambio: la deuda externa y el gasto público.

Hipotecar el futuro

En 2015, Argentina tenía una deuda externa de US$ 86.702,06 millones, mientras que para 2019 la misma había ascendido a US$ 209.105,54 millones. Es decir que durante la gestión macrista, el pasivo de la Administración Nacional en moneda extranjera aumentó US$ 122.403,48 millones, o sea, 141,17%. 

Esto significa que, al momento de su asunción, el gobierno del Frente de Todos debía afrontar un escenario por demás complejo: en los cuatro años siguientes, el Ejecutivo tendría que desembolsar más de 140 mil millones de dólares para cumplir con las obligaciones asumidas con los acreedores externos. El equipo conducido por Martín Guzmán conocía el cronograma inmediato: en los dos primeros años se deberá abonar 30 mil millones de Dólares, y en los segundos dos, la suma crecerá a 40 mil millones de Dólares. 

Pero, por si fuera poco, el gabinete económico del PRO dejó también como legado un proceso sostenido de estancamiento (en 2019 se registró una caída de la actividad económica del orden del 1,2%) y un déficit fiscal primario de $95.121,6 millones, lo que equivale a un 0,44% del PBI.

Así, hacía el 10 de diciembre, el Estado Nacional gastaba más de lo que recaudaba, la actividad económica estaba sumergida en una profunda recesión, y tenía un apretado calendario de pagos por delante. 

Pero la deuda con los organismos de crédito internacional no era la única (ni la más grave). La coalición de centro-derecha compuesta por macristas, lilitos y radicales, dejaba tras su espalda una gigantesca deuda social: la pobreza rondaba el 40,8% según la UCA  (en la población infantil alcanzaba el 51,7%), el desempleo era del 9,7 % (donde podía observarse ademas la desigualdad de género, dado que del total de personas desocupadas el 52,4 % eran mujeres de hasta 29 años), mientras que el índice de Gini era del 0,439 (marcando un incremento en los niveles de desigualdad del 9,3% respecto a 2015). 

La pauperización de los niveles de vida tuvieron hechos que pasaron a la historia como hitos de la flexibilización en los tiempos de Macri: como la supresión de ministerios, la eliminación de la Paritaria Nacional Docente y la reducción de programas inclusivos como el Conectar Igualdad, por solo citar algunos.

La Salud y la Educación fueron tomadas así como variables de ajuste, reportándose incluso el increíble dato de que quedaron en la aduana 12 millones de dosis de vacunas que nunca fueron repartidas ni aplicadas, lo cual implica un acto de desidia absoluto.

El nuevo gobierno transitó sus tres primeros meses intentando avanzar en la dirección propuesta durante la campaña: se recuperaron los ministerios eliminados, se reabrió la negociación salarial de los docentes a nivel federal, se implementaron negociaciones a contrarreloj para generar una reestructuración de la deuda, se avanzó con programas para garantizar el acceso de los jubilados a los medicamentos, y se implementó una moratoria para las PYMES, entre otras medidas urgentes.

Sin embargo, un fenómeno imposible de predecir pateó el tablero gubernamental y lo obligó a barajar y dar de nuevo: el Covid-19. 

Coronavirus: el antes y el después

El ingreso del Coronavirus al país se confirmó el 3 de marzo, transportado por un viajero que regresó de Italia, siendo un punto de inflexión para el incipiente gobierno, obligándolo a reorientar (o reforzar) los lineamientos políticos. 

De esta manera, el Ministerio de Salud se constituyó en un indicador de la dimensión de la pandemia en términos políticos, porque debió brindar respuestas inmediatas y efectivas frente a un virus desconocido, partiendo de un sistema de Salud saturado y deficiente, en consonancia con brotes de Sarampión y Dengue. 

En búsqueda de respuestas que protejan la integridad de la población, fue publicado el DNU 260/20, que implementó el distanciamiento social, preventivo y obligatorio,  para aminorar la circulación ciudadana en pos de disminuir así también la viral. Este cambio radical, de carácter transitorio, requirió inmediatas adecuaciones.

Entre algunas de las adecuaciones que tomó el Ministerio de Salud, de manera casi inmediata están: capacitar en terapia intensiva a personal hospitalario, debido a la falta de recursos humanos para la contingencia; la aprobación de recetas médicas virtuales; y la obligación a Obras Sociales y Prepagas a ofrecer teleasistencia.

Adaptaciones de esa índole se dan en los cuatro Ministerios aquí analizados, con la particularidad de que en todos, los reforzamientos de los lineamiento políticos resultaron en un incremento aún más voluminoso del gasto público. Para sostener la hipótesis, se pueden nombrar ejemplos previos al 3 de marzo.

Antes de la pandemia, se realizaron los operativos de Tarjeta AlimentAR, donde hasta febrero, se entregaron 515.030 tarjetas que alcanzan a 973.417 personas, inyectando a la economía local un total de $2590 millones al mes. Con una visión ascendente de la economía, se fue suministrando dinero en los sectores más postergados, para reactivar el consumo y la producción, es decir, el famoso “circuito virtuoso” en términos keynesianos. 

Otro ejemplo que precedió a la pandemia fue el relanzamiento del programa Remediar, que consta de botiquines para los Centros de Atención Primaria. El mismo es dirigido por el Ministerio de Salud, quien al erigirse nuevamente como el entre que centraliza la compras, consigue medicamentos hasta un 75% más barato que en el mercado. 

Una vez llegada la pandemia, y su consecuente cuarentena, el Estado decidió responder aumentando aún más el gasto público, el cual de por sí se encontraba en curva ascendente.

Se grafica tanto con ejemplos del Ministerio de Economía (ATP, IFE, Créditos a Tasa 0 solo para consumo); Educación (entrega de notebooks), Ministerio de Desarrollo Social (Programas “Potenciar Trabajo” y “Recuperar”); y  Salud (Creación de Hospitales Modulares, compra de insumos con aviones sanitarios).

Las medidas adoptadas, en este y en todos los gobiernos, reflejan una matriz ideológica fundacional. 

El Estado tomó la decisión política de hacerse más presente en una situación que ya era compleja en diciembre, mes donde coexistieron la Emergencia Alimentaria y Sanitaria. El Coronavirus no sólo no pudo torcer esa decisión, sino, que el Estado la redobló.

Sin embargo, frente al esfuerzo de un Estado que pretende que los números cierren con la gente adentro, es de fundamental importancia no perder de vista cómo se va a financiar semejante (y necesario) gasto.

¿Quien va a pagar los platos rotos?

El gobierno ensayó opciones como la expropiación de Vicentín y el Impuesto a las Grandes Fortunas, sin embargo ambas medidas fueron matizadas tras las presiones de sectores corporativos que se acostumbraron a tener de rehén al Estado para utilizar las arcas públicas en épocas de vacas flacas, y estrangular las regulaciones en épocas de vacas gordas. 

Un sector del empresariado ligado al negocio millonario de la agroexportación, y la especulación financiera, pretende vivir un una sociedad que socialice sus pérdidas, pero “respete la propiedad privada” en momentos de ganancia. Perdón Jauretche, aún no se pudo consolidar esa burguesía nacional industrialista con la que soñabas.

Sin embargo, con la posibilidad de acceder a préstamos internacionales bloqueada por la enorme deuda que legó Macri, y la crisis estructural que enfrentan la industria y los comercios por la pandemia, ni siquiera el más ferviente militante del neoliberalismo podría proponer métodos de financiamiento alternativos al único posible en el actual contexto (y al único justo en el actual contexto): que el dinero salga de quienes continúan viendo crecer sus tasas de rentabilidad, y de quienes se llenaron los bolsillos en los cuatro años de la gestión anterior.

La discusión de fondo termina siendo, como lo ha sido en repetidas ocasiones en el discurrir de la historia argentina, quién paga los platos rotos. Si lo deben hacer quienes más beneficiados han sido, o quienes han sido más postergados.