Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron ayer la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint Paolo Rocca por asociación ilícita y pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas.

Según fuentes judiciales, solicitaron que el procesamiento de Rocca sea con prisión preventiva. Pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio: el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán (de la firma Vicentín) y Rubén Aranda (de Proalsa-Chimen Aike).

De acuerdo a los fiscales: “Los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Para los fiscales les corresponde a estos procesados la misma situación de prisión preventiva que se decidió en el caso de otros imputados en el caso Cuadernos.

Stornelli y Rívolo explicaron: “Se ha probado(…) que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada”.

“Va de suyo -añadieron Stronelli y Rívolo- que esta organización criminal, tal como se dio por probado en esta causa, importó la actuación mancomunada de varios intervinientes, cuyos roles fueron distribuidos y orquestados a través de un esquema de organización”.

En su apelación, los fiscales señalaron: “Es aquí dentro de este esquema, donde resalta la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios, cuyas voluntades se plegaron de manera decisiva a otros integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia, puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar”.

Agregaron que “por el contrario, muchos de ellos se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal, en pos de sacar provecho del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios”.

Concluyeron que “así pues en lo que respecta a los imputados Abal Medina, Larraburu, Rocca, Padoán y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes vuestra señoría sí procesó con prisión preventiva, independientemente de que algunos de ellos continúen transitando en libertad atento a lo resuelto por vía incidental (excarcelación y exención de prisión según el caso)”.

Los fiscales no apelaron la falta de mérito dictada por Bonadio para el empresario Marcelo Mindlin, quien sigue bajo investigación en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

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