Efemérides

Jorge Julio López: claves de la causa a 13 años de su desaparición

Jorge Julio López: claves de la causa a 13 años de su desaparición

 El sobreviviente de la última dictadura fue desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. En la investigación judicial no hay imputados y los únicos procesados son personas acusadas de impedir las líneas de investigación. Cuáles son las principales pistas del expediente.

Jorge Julio López fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976. Casi 30 años más tarde, el 18 de septiembre de 2006 -durante el juicio al genocida Miguel Etchecolatz-, fue desaparecido por segunda vez, entre las 0 y las 7 de la mañana, según el expediente judicial.

En los años del terrorismo de Estado, López pasó por distintos centros clandestinos de detención del circuito Camps: la estancia La Armonía en Arana y las comisarías quinta y octava de La Plata. El 4 de abril de 1977 fue legalizado en la cárcel de La Plata (U9), donde permaneció como preso político hasta el 25 de junio de 1979. Declaró por primera vez sobre los tormentos que sufrió y los asesinatos que vio en los juicios por la verdad el 7 de julio de 1999. Volvió a declarar en la instrucción de la causa contra Miguel Etchecolatz -el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura- el 16 y el 30 de noviembre de 2005 y, finalmente, declaró en el juicio oral el 28 de junio de 2006. Era el primer juicio que se iniciaba luego de que fueron declaradas nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Corte Suprema las declarara inconstitucionales. Luego de la desaparición de Santiago Maldonado -durante el gobierno de Mauricio Macri-, su caso volvió a la agenda pública.

Su desaparición fue investigada, en un comienzo, en dos causas. La primera -que se tramitó en el tribunal provincial a cargo de la jueza Marcela Garmendia- se inició con la denuncia de su hijo, Gustavo López, a las 11.30 de ese mismo día. La carátula era “averiguación de paradero”. La segunda, que recayó en el tribunal federal que tenía al frente al juez Arnaldo Corazza, fue iniciada por un hábeas corpus presentado por Nilda Eloy, otra ex detenida-desaparecida.

No hubo señales de que hubieran forzado la entrada de su casa, en la periferia platense. Según consta en el expediente, cinco vecinos lo vieron caminando esa mañana por el barrio Los Hornos. El último, Horacio Ponce, lo ubicó en la calle 66 entre 137 y 138 “entre la verdulería y el EDELAP”. En ese lugar, precisamente, vivía Susana Gopar, una policía bonaerense en actividad, cuyo teléfono figuraba en la agenda de Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua al día siguiente de la desaparición de López en el juicio en el que él era querellante. Los abogados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk pidieron que se investigara a Gopar.

Corazza ordenó escuchas telefónicas y tareas de inteligencia. El 19 de septiembre de 2007, Gopar declaró como testigo en los juicios por la verdad de La Plata y sostuvo bajo juramento que no conocía a Etchecolatz. Pero de los documentos que figuran en el expediente surge que sí lo conocía. Los querellantes solicitaron que se allanara su vivienda pero el juez Corazza denegó el pedido.

Según consta en el expediente, los primeros tres meses de la causa por “averiguación de paradero” las pesquisas se dirigieron a la familia López y a los organismos de derechos humanos de La Plata. La única medida que figura en el primer cuerpo de la causa dirigida a posibles secuestradores es el pedido de relevar los celulares que se activaron en la zona entre el 17 de septiembre a las 23 y el 18 de septiembre a las 8. A 11 años de la desaparición, continúa sin concluirse el entrecruzamiento entre esos números y otros celulares de sospechosos que figuran en la causa, según consta en el informe de los fiscales a 10 años de la desaparición y según ratificaron fuentes con acceso a la causa.

La causa provincial y la federal se unificaron en diciembre de 2006 en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata por decisión de la Corte Suprema de Justicia. El 18 de diciembre de 2006, Corazza ordenó que se intervinieran los teléfonos de la cárcel de Marcos Paz, donde estaban quienes esperaban ser juzgados por delitos de lesa humanidad, incluido Etchecolatz. El 23 de marzo de 2007 Corazza ordenó una requisa del pabellón de los acusados y el 28 de junio de 2007, un allanamiento. A raíz de las irregularidades que encontraron (alteraciones en los libros de visita, uso de líneas telefónicas no informadas, entre otros), se abrió una causa contra un grupo de penitenciarios federales por obstaculizar la investigación. En abril de 2015, seis de ellos fueron procesados por eso.

Expediente e investigaciones truncas

En el expediente, en tanto, se investigaron las llamadas del entorno de Etchecolatz. Entre ellas, las que mantuvo con Carlos Falcone, un ex médico de la Policía Bonaerense. Un testigo de identidad reservada lo vinculó con el secuestro de López: hizo la denuncia el 23 de mayo de 2008 y declaró en la causa que para el secuestro se había utilizado un auto que Falcone había desguazado. El 13 de enero de 2009 allanaron su vivienda y encontraron el auto: llevaba por lo menos tres años desarmado y a la intemperie. Las pruebas de luminol (un químico que se usa para detectar manchas de sangre borrada) para comprobar si había rastros de sangre dieron positivas, pero no se extrajo ningún perfil genético que pudiera compararse con el de López. Según el testimonio de una persona cercana a Falcone (que pidió no ser identificada), él y Gopar se conocían de Pehuajó, de donde eran oriundos, y donde Etchecolatz estuvo destinado en 1975 como segundo jefe de la unidad.

Los abogados pidieron investigar a otros policías bonaerenses mencionados por López en su testimonio, pero hubo poco avance en esas líneas, que quedaron en manos de la Bonaerense, la misma policía a la que seguía perteneciendo Etchecolatz. Por pedido de la querella de los organismos de derechos humanos, esa fuerza fue apartada de la causa en abril de 2008. Fue una decisión de la Cámara Federal de La Plata, que los acusó de “negligencia manifiesta” y cambió la carátula a “desaparición forzada”.

Otra línea de investigación involucró a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se inició con un testigo de identidad reservada que el 26 de septiembre de 2006 señaló a un ex jefe de Inteligencia del SPB (su nombre se mantiene en reserva porque es una línea de investigación activa) como “el asesino de López”. Del entrecruzamiento de llamadas surgieron contactos de esta persona con los penitenciarios que luego serían juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en la cárcel de La Plata (U9). López podría haber declarado en ese juicio.

El 18 de septiembre de 2008, el abogado Alfredo Gascón y su socio Hugo Wortman Jofré en representación de la familia de López presentaron una denuncia penal contra los camaristas que juzgaron a Etchecolatz y las abogadas de López. Los acusaban de no haber protegido al testigo. Luego incluyeron en la denuncia al juez Corazza, quien se apartó de la causa el 17 de febrero de 2009 por “violencia moral”. El expediente pasó al otro juzgado federal, entonces a cargo de Manuel Blanco, quien falleció en 2014, y que ahora tramita el juez Ernesto Kreplak.

La mayoría de las medidas investigativas quedaron truncas a partir de este hecho. En septiembre de 2017, la principal novedad es que el fiscal federal Marcelo Molina enviará un informe de las medidas que se tomaron en la causa judicial en estos 13 años a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo de la OEA debe expedirse sobre la acusación al Estado argentino por “falta de investigación y determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos” , que presentaron en mayo de 2014 los integrantes de Justicia Ya, entre los que se encuentran la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Unión por los Derechos Humanos y el Comité de Acción Jurídica.