Sociedad

El ajuste también llega a los jubilados (segunda parte)

El ajuste también llega a los jubilados (segunda parte)

 Por Ricardo Milio (Abogado, UBA).

El mismo día en que cerca de 300.000 personas se manifestaban frente al edificio del Congreso contra los ajustes en materia  laboral, previsional y fiscal (mal llamadas reformas), en la Cámara de Senadores de la Nación se votaba y aprobaba la reforma previsional, norma que no significa otra cuestión que el ajuste sobre la clase pasiva, cómo método de “achicar” el gasto público.

En la anterior nota al respecto se hizo mención  a la “recomendación” de Christine Lagarde, quien cómo directora general del FMI difundió en noviembre del 2016 un informe donde analizó la situación general de la Argentina y expuso una serie de propuestas para modificar el régimen previsional y realizar una reducción del “gasto social”.

Es así que, siguiendo dichas pautas, se llevó adelante por parte del Poder Ejecutivo la presentación del proyecto, para finalmente ser el Senado de la Nación que,  luego de algunos “retoques” que no modificaron el espíritu final del texto remitido, apruebe los ajustes recomendados maquillados bajo el  eufemismo de una simple reforma, quedando la instancia de la Cámara de Diputados para su sanción definitiva y así convertirse en Ley.

En cuanto a la afectación de derechos, no sólo es para los futuros jubilados, sino que también los actuales beneficiarios verán cómo se reducirán – en forma solapada- sus ingresos a partir del mes de marzo de 2018. Ello es así por la aplicación de la nueva fórmula de ajuste de haberes; en lugar del ajuste semestral, en base al  50% a la evolución de los salarios y el  50% de la recaudación, se pasará a confeccionar el ajuste en 70% de la inflación y 30% de los salarios formales, siendo éste ajuste trimestral. De aprobarse la norma, cuándo corresponda el primer ajuste trimestral , en marzo del 2018, en lugar de otorgarse el aumento semestral julio- diciembre  de 2017- que según proyecciones a esta altura del año rondaría el doce por ciento ( 12%) , con la nueva fórmula el aumento arroja la cifra del 5,7% ( período julio- septiembre).

Del análisis surge que con la aplicación del cambio de fórmula (una de las recomendaciones del FMI)  se va a producir, en lo inmediato, una merma en los haberes y un retraso de hasta seis meses en el ajuste de los beneficios; como contrapartida se calcula que el Estado retendrá para sus arcas una cifra aproximada de casi pesos 100.000 millones para el año 2018.

A modo de ejemplo, para percibir lo que se viene hasta aquí desarrollando, analicemos el siguiente caso. Si tomamos un haber jubilatorio de $ 10.000, con la fórmula de actualización hasta el momento vigente, en marzo de 2018 aplicando el 12%  recaería sobre ese monto un aumento de $ 1.200, llevando el haber analizado a $ 11.200. Por el contrario, con la nueva fórmula ése incremento sería del 5,7% que en cifra se expresa en un aumento de $ 570. La pérdida de la diferencia, entre una actualización o la otra, es de $ 630 que porcentualmente representa una quita del 52,5 %.

Otro punto a desmitificar y que se presenta como una conquista producto de la nueva ley, es la garantía del 82% móvil, ello se aplicará sobre el salario mínimo, vital y móvil, y  a quienes al momento de la jubilación tengan reunido los treinta años de aportes efectivos. Es decir que cada vez que se registre un aumento del salario mínimo, vital y móvil, si la jubilación mínima es inferior al 82%, ANSES deberá proceder a ajustar el haber jubilatorio por aplicación de esta garantía. Vale aclarar que en la actualidad esta relación entre el salario mínimo, vital y móvil y la jubilación mínima está en la práctica alcanzada ya que es del  81,8% (siendo el  salario mínimo en la actualidad de $ 8.860 y el haber mínimo jubilatorio la cifra de $ 7.246); relación que se alcanzó con la aplicación de la anterior fórmula. Por lo tanto esta garantía vendría a ser para el futuro en caso de ser aplicada la nueva fórmula y no para ajustar los actuales haberes mínimos.

A su vez, quedarían excluidos todas aquellas personas que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la Prestación Básica Universal  (PBU); desprendiéndose  de ello nos encontramos que quedarían fuera de la mencionada garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos, como así también las pensiones por fallecimiento de trabajadores que permanecían en actividad que no se calculan en base a la PBU. También se encontrarían afectados de percibir el ajuste, aquellas personas que se jubilaron compensando años de aporte.

Esta medida, que afecta directamente a un sector de alta vulnerabilidad, está en consonancia con los requerimientos del FMI, que se mencionaron en la anterior nota. La medida parece inédita, pero tuvo su antecedente en el 2000 bajo el gobierno de la Alianza con Fernando De la Rúa como presidente de la Nación, cuando la entonces Ministra de Trabajo Patricia Bullrich bajó las jubilaciones un 13%. En aquel momento Bullrich justificó la baja de los haberes al decir que era una medida “dolorosa, pero necesaria”. Desde el gobierno además habían dicho que la medida era audaz. “Es una medida firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer”, dijo Bullrich en 2000 en el living de Mirtha Legrand. En ése momento se estaba “negociando” con el FMI, lo que luego sería el Megacanje que desembocó en las trágicas jornadas del 19 y 20 del 2001. Parece repetirse la historia, está en los diputados y en la sociedad que no sea así.


Fuente foto: Infonews.

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