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Anuncian plan de desarme, tras polémicos dichos de Patricia Bullrich

Anuncian plan de desarme, tras polémicos dichos de Patricia Bullrich

En medio de la polémica generada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sus dichos sobre la libertad de las personas a armarse -que fueron ratificados ayer por la funcionaria-, el Gobierno prevé destinar en 2019 más de 113 millones de pesos a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para avanzar en el objetivo de restringir y destruir el circulante de armas de fuego en la sociedad civil.

“El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre”, sostuvo la funcionaria nacional que desató la polémica, pese a haber aclarado que prefiere que “la gente no esté armada”.

En el proyecto de Presupuesto 2019 enviado al Congreso, la Casa Rosada tiene previsto destinar un total de 113.422.591 pesos para la Anmac.

El organismo dirigido por Natalia Gambaro, que se encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia, fijó sus “objetivos prioritarios” a la hora de justificar la necesidad de esos fondos: “Fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego para su destrucción; restringir el circulante de armas de fuego en la sociedad civil; destruir armas de fuego y otros materiales controlados; aumentar el control registral, de traslado y resguardo de materiales controlados, y difundir políticas y acciones destinadas a la restricción de armas de fuego”.

Para ello, la Anmac prevé “realizar programas de concientización y sensibilización sobre la entrega voluntaria de armas y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad; promover la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos”, entre otras actividades.

Uno de los principales puntos de esa política es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, por medio se promueve “la entrega anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico”.

El procedimiento

“La participación en el Pevaf es abierta a todas las personas, sean legítimos usuarios o no. Las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega y luego destruidas en un horno de alta temperatura”, detalla la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Incentivos económicos

En ese sentido, el organismo fijó los montos de los incentivos: entregará 1.200 pesos por carabina y/o fusil tiro a tiro, de repetición y/o semiautomático, escopeta/pistolón, pistola tiro a tiro y/o de repetición y revólver calibre distinto a .22, .32, .38 y/o .357; 1.750 pesos por pistola semiautomática, revólver calibre .22, .32, .38 y/o .357, carabina y/o fusil semiautomático cuyo diámetro y/o potencia sea mayor que el .22; y 3.000 pesos para armas de uso exclusivo de las instituciones armadas y armas comprendidas en el Decreto 64/95.

Asimismo, pagará un peso a aquellas personas que entreguen munición completa.

Bullrich insistió

La ministra Bullrich, ratificó ayer sus dichos sobre la libertad de aquellos ciudadanos que quieran andar armados, aunque se refirió a las críticas que recibió y señaló que “si quieren cambiar” la legislación vigente en ese sentido, “se cambia”.

“En la Argentina hay una reglamentación, hay un organismo como la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) en donde las personas pueden ir y hay dos categorías: la tenencia y la portación. Hay una serie de requisitos y los que los cumplan pueden tener armas. Pero pueden no tener armas. Yo recomiendo no tener armas. Pero en la Argentina la portación de armas no está prohibida, está regulada por un organismo”, sostuvo la funcionaria nacional.

“No es justicia por mano propia”

Funcionarios nacionales y dirigentes políticos y sindicales de la oposición se sumaron a la polémica desatada por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había manifestado “el que quiera andar armado, que ande armado”.

La funcionaria también amplió sus palabras ayer cuando recordó que la portación de armas “no está prohibida”, y que como responsable del área de Seguridad “no lo recomienda”.

Esta visión contó además con el aval del viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, quien interpretó que esas declaraciones fueron “hechas en el marco que establece la ley, bajo la regulación del Estado”.

“Esto no quiere decir que cada uno hace lo que quiere y que el Estado cree en la justicia por mano propia. Existe un organismo encargado de los permisos para portar armas y hay por ejemplo, controles psicofísicos y constantes”, añadió el funcionario.

Según García de Luca, el sistema tiene una “reglamentación muy estricta”‘ y “nadie está más pendiente” que el gobierno nacional sobre estos temas, a fin de “tener más seguridad en la calle”.

Distinta fue la visión del diputado nacional Felipe Solá, quien indicó en declaraciones radiales de ayer que “las palabras de Patricia Bullrich son muy graves, son una falta de responsabilidad y al mismo tiempo creo que las palabras pueden matar”.

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