Efemérides

A 16 años de la aprobación de la Ley que marcó el punto final de la impunidad represora en nuestro país

A 16 años de la aprobación de la Ley que marcó el punto final de la impunidad represora en nuestro país

El 2 de septiembre de 2003 el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.

La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

La primera ley de impunidad decía: «Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983». Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de detenidas desaparecidas en centros clandestinos de detención.

La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida», un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.

En 2003, la diputada de Izquierda Unida (IU), Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner. El 12 de ese mismo año, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran «insanablemente nulas» las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que la convirtió en ley el 20 de agosto de 2003.

Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.